Comunicado San Francisco Xochicuatla, México

Al pueblo de México

A la opinión pública internacional

A los medios de comunicación

noviembre 4, 2014

Las organizaciones, comunidades y pueblos que participamos en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, las y los miembros del Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, repudiamos el uso sistemático de la violencia de Estado para imponer proyectos ilegítimos e ilegales, supuestamente de desarrollo, como lo es la autopista Toluca-Naucalpan, los cuales sólo favorecen los intereses empresariales más mezquinos, a costa de la vida, la economía, el territorio, el medio ambiente y los derechos de los pueblos.

No es la primera vez que las autoridades reprimen a los miembros del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra y a la población solidaria que se opone al proyecto en Xochicuautla. En 2010, en 2013 y ahora, el 3 de noviembre de 2014, el gobierno del estado de México ha recurrido a la fuerza pública para garantizar el despojo de las tierras comunales de San Francisco Xochicuautla y forzar la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, concesionada a la empresa Autovan, filial de la constructora Teya. La realización del proyecto destruirá una buena parte del bosque y santuario del agua del cual depende el sistema Lerma, que abastece del vital líquido a la ciudad de México desde hace 60 años.

¿Por qué es tan obsequioso el gobernador Eruviel Ávila con las empresas y tan mezquino con las personas que ejercen sus derechos fundamentales al defender sus territorios ancestrales y protestar pacíficamente y con la ley en la mano en contra del proyecto carretero?

El 2 de mayo de este año, los habitantes de la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla, luego de atravesar agónicos procesos judiciales, ganaron un juicio de amparo (48/2014) cuya sentencia ordenó la anulación de pleno derecho de las fraudulentas asambleas a través de las cuales las autoridades corruptas del núcleo agrario habían entregado los permisos para la construcción de la autopista mediante la firma irregular de un convenio de ocupación previa ilegítimo.

En semanas recientes, personal de Autovan, en compañía de cientos de granaderos, miembros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, ha continuado con las obras de manera ilegal, sin permisos del núcleo agrario que las avalen, sin convenios de ocupación previa que las sustenten y sin el consentimiento de la comunidad indígena. La fuerza pública puesta al servicio de los intereses de la empresa constructora ha tolerado y garantizado la comisión de diversos delitos, que han sido debidamente denunciados por los habitantes de Xochicuautla: entre ellos, han cometido desacato al incumplir una sentencia firme de un juez de amparo que  expresamente les prohíbe continuar con la obra, han invadido predios comunales sin autorización de sus dueños, cometiendo el delito de despojo, y han talado árboles sin permiso legal alguno.

Por lo anterior, es imposible que a los habitantes de Xochicuautla que fueron indebidamente privados de su libertad se les impute la comisión del delito de “obstrucción de obra pública”, pues más bien su resistencia pacífica ha sido todo este tiempo un acto ejemplar de civismo, realizado en nombre de los derechos y la cultura de los pueblos indígenas, del respeto a la Naturaleza y de la restauración del Estado de Derecho, vulnerado sistemáticamente por las autoridades del estado de México al permitir y promover la realización de obras ilegales que carecen de fundamentos jurídicos respaldados por documentos válidos, así como al consentir y garantizar mediante las fuerzas del orden el actuar delictivo de la empresa Autovan al incumplir flagrantemente una sentencia vigente de un juez de amparo, que, en cambio, cobija y da sustento legal a la actuación y los reclamos de las y los comuneros de Xochicuautla.

La Constructora Teya es una de las filiales de Grupo Higa, cuyo dueño es el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, también propietario de Eolo Plus, la compañía que rentó helicópteros y aviones al PRI para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Es la misma empresa que, asociada con China Railway Construction y GIA+A (propiedad de Hipólito Gerard, cuñado de Carlos Salinas de Gortari) obtuvo recientemente, de manera poco transparente y sin concurso, la “licitación” para construir el tren de alta velocidad México-Querétaro, el cual costará 10 mil millones más de lo presupuestado, y que ha generado la inconformidad de comunidades afectadas. Grupo Higa es una de las empresas preferidas de Enrique Peña Nieto desde que era gobernador del estado de México, pues fue favorecida con los contratos para la construcción del hospital regional de Zumpango, el bulevar Aeropuerto, en Toluca y la autopista Toluca-Atlacomulco, entre otras obras.

Sólo así se entiende que, ante la carencia de fundamentos jurídicos que autoricen la ocupación de las tierras de Xochicuautla, las autoridades opten por el ejercicio arbitrario del poder y lo hagan con lujo de violencia, agrediendo a los comuneros opositores y llevándose detenidas, sin ningún respeto de sus derechos, a ocho personas: Jerónimo Martínez, Rosa Saavedra, Felipa Gutiérrez, Francisca Reyes Flores, Mauricio Reyes Flores, Armando García Salazar, Venancio Hernández y Domingo Hernández. Cabe mencionar que Jerónimo Martínez fue golpeado mientras era detenido. Asimismo, el doctor Armando García Salazar es parte del Consejo Supremo Indígena de Xochicuautla, es autoridad de la comunidad por usos y costumbres, es primer delegado municipal y vocero en el Congreso Nacional Indígena.

Eruviel Ávila, gobernador del estado de México, así como el resto de autoridades responsables, deben ser juzgados como lo que son: criminales y destructores de la vida comunitaria, pues han sido absolutamente incapaces de respetar incluso sus propias leyes y mandatos judiciales, han permitido el ecocidio y administrado el exterminio de la población indígena, los pobres y demás grupos vulnerables víctimas del modelo de desarrollo neoliberal. Además, han supeditado dolosamente el ejercicio de los derechos de pueblos y comunidades originarios, así como los derechos fundamentales de la población: territoriales, ambientales y culturales, a la satisfacción de los intereses económicos y políticos de ciertas empresas y grupos de poder afines.

En este crimen de Estado, Miguel Ángel Mancera, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y el gobierno del Distrito Federal son cómplices silenciosos, al no pronunciarse contra un proyecto carretero que, además de absurdo e irracional (ya existen dos autopistas para transitar de la Zona Metropolitana del Valle de México hacia Toluca), afectará al menos 600 mil metros cuadrados de bosque y, por consecuencia, la recarga de los acuíferos de los que se abastece agua para la ciudad de México.

Desatendiendo las peticiones de respeto formuladas por la comunidad, las autoridades del estado de México han elegido las acciones violentas, el hostigamiento, las amenazas, los actos de provocación, las detenciones arbitrarias y las incriminaciones infundadas antes que el diálogo transparente, la atención de las necesidades históricas de este pueblo originario y la observancia de sus derechos fundamentales.

Las autoridades locales han agredido a la población, destruido su territorio, su cultura y los ecosistemas locales, todos ellos elementos esenciales para la conservación de su cosmovisión y la preservación de las condiciones naturales y materiales de la vida social en la región.

Finalmente, los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila han violado un derecho de imposible reparación al no haber realizado en el momento legal oportuno la consulta correspondiente sobre el proyecto carretero. Al contrario, las autoridades locales han pretendido forzar el consentimiento de la comunidad para la ejecución de esta obra sin tomar en cuenta que, en todo caso, dicha aceptación comunitaria debió ser previa, libre, informada y culturalmente accesible. Situación que en los hechos jamás sucedió.

Por lo anterior, las organizaciones, pueblos y colectivos que formamos parte de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y las y los miembros del Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, exigimos:

• La inmediata e incondicional liberación de nuestras compañeras y compañeros presos, habitantes de la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla y miembros del Frete de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra.
• El retiro inmediato del perosnal de la empresa Autovan, la maquinaria y los granaderos que la resguardan, puesto que su presencia en tierras comunales de Xochicuautla es ilegal y carece de todo fundamento jurídico.
• La consignación por parte del Ministerio Público de los responsables de la empresa Autovan que dieron la orden de incursionar en tierras comunales y continuar con las obras a sabiendas de que están violando una sentencia judicial y que carecen de permisos para entrar en el territorio y talar árboles, acciones que configuran diversos delitos y cuya comisión ha respaldado la fuerza pública del estado de México.
• La cancelación definitiva del proyecto carretero Toluca-Naucalpan, del que sólo se beneficiarán empresas como Grupo Higa y OHL, la criminal trasnacional española que administra el aeropuerto de Toluca, así como los políticas que están gestionando la realización ilegal de esta obra.
• El cese inmediato del acoso que padecen los miembros del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, así como los habitantes de las comunidades y pueblos indígenas vecinos de San Francisco Xochicuautla que se oponen al ecocidio y el actuar arbitrario del gobierno del estado de México.
• El pronunciamiento del gobierno del Distrito Federal en contra de la construcción de esta autopista dado que su ejecución afectará directamente el derecho humano al agua de la población del Distrito Federal.
• El cumplimiento estricto de la sentencia de 2 de mayo emitida por el juez en el juicio de amparo 28/2014, la cual anula, por distintas irregularidades inducidas por las autoridades corruptas del núceo ejidal, representantes de la empresa constructura y del gobierno del estado de México, el acta de amsablea que reconocía el convenio de ocupación previa con base en el cual la empresa Autovan estaba ejecutando la obra.
• La observancia del artículo 1 constitucional que establece que: (i) las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo el tiempo a las personas la protección más amplia; (ii) todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los princpios de universalidad, interdependiencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que, en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.