Desvío de poder comunicativo a los poderes fácticos mediáticos

Habiendo escuchado las actuaciones generales y las declaraciones, así como los testimonios de las organizaciones y personas que han comparecido en la Audiencia de Desinformación, Censura y Violencia contra los comunicadores, y habiendo estudiado minuciosamente la documentación aportada, consideramos que en México existe un claro desvío de poder comunicativo.

Estamos entendiendo por desvío de poder, a la utilización de los poderes del estado en detrimento del bien común, del bien de una comunidad y/o en beneficio de un sector privilegiado ligado a los sectores que ocupan los poderes del estado, lo cual significa el uso de las instituciones para fines distintos de aquéllos para los que fueron creadas.

El equipo de trabajo que promovió esta Audiencia partió del principio de que la libertad de expresión no se restringe a la capacidad que poseen ciertos grupos privilegiados de difundir su pensamiento y opinión sobre el resto de la sociedad. La comunicación no se limita al campo de la información y de los medios de comunicación, sino remite al espacio de creación de una comunidad. La libertad, cuando se habla de comunicación, no puede restringirse a una concepción mediática y mercantil de la libertad de expresión. La libertad de comunicación es un derecho de los pueblos que excede el ámbito de lo público estatal y que jamás puede quedar reducida a un ejercicio privado y comercial. Esta libertad o derecho de los pueblos no sólo se refiere a la capacidad de investigar y recibir información, sino también de producir y difundir información hacia dentro y fuera de la comunidad.

En México se configuran un conjunto de agravios y delitos en relación con los derechos a la información, la libre expresión y la comunicación por lo que señalamos que existe un gravísimo desvío de poder comunicativo y para sostenerlo nos basamos en los siguientes hechos:

La problemática de la falta de acceso a la información -y de ejercer el derecho humano a la información-, la concentración duopólica y oligopólica de los medios masivos y la continua violencia contra los comunicadores afecta muy gravemente los derechos individuales y colectivos de las mexicanas y los mexicanos. La reforma del Estado y la reciente alternancia política en el gobierno no han tocado esta concentración: son los gobiernos, los partidos políticos, los legisladores (por ende, las leyes), las que se han subordinado a los intereses del duopolio, consolidado con los tratados de libre comercio.

México ha carecido y sigue careciendo de una regulación normativa incluyente de todos los sectores sociales en materia de los derechos humanos a la información, la libre expresión y la comunicación, donde persiste la aplicación de leyes que alientan un esquema corporativo monopólico, a la vez que criminalizan de manera manifiesta a los ciudadanos, las organizaciones, comunidades, pueblos que luchan por sus derechos.

La violencia contra la prensa se ha manifestado en ataques a medios de comunicación con explosivos y armas de alto poder; desapariciones de periodistas profesionales y populares; el desplazamiento y/o exilio de comunicadores por amenazas directas en su contra; autocensura de los medios e infiltración de bandas delictivas en las propias redacciones; vejaciones, asesinatos y desaparición de mujeres periodistas; ataques a usuarios de redes sociales que difunden información sobre la violencia, y toda forma de agresiones físicas y sicológicas tendientes a sembrar el temor y el terror entre los comunicadores. Por ello, la Relatoría de la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU considera a México como el país más peligroso para ejercer el periodismo en el continente.

En lo que va del siglo, según la Procuraduría General mexicana, 102 periodistas fueron asesinados, 18 han sido desaparecidos y hay un número no posible de identificar desplazados y/o obligados al exilio. Los asesinatos de periodistas se duplicaron durante la presidencia de Feljipe Calderón (2006-2012), cuando la aplicación de una estrategia bélica de seguridad dejó 60 mil personas asesinadas y 10 mil desaparecidas. A ello se suma el aumento de asesinatos y agresiones de defensores humanos, en un país donde se extendieron zonas de silencio forzado, en las cuales los grupos delictivos deciden qué se publica en los medios de comunicación.

Más de la mitad de las denuncias presentadas por las organizaciones de defensa de la libertad de expresión señalan que los perpetradores de las agresiones contra periodistas fueron identificados como agentes estatales –militares, policías, autoridades locales- y que el 13 por ciento proviene de la delincuencia organizada.

La aprobación de mecanismos institucionales de protección de periodistas no ha contenido la escalada de violencia contra comunicadores y mucho menos la impunidad de los agresores, que es la constante durante las últimas tres presidencias. En los primeros nueve meses de 2014 se documentaron 201 agresiones a periodistas, un promedio de una cada 28 horas.

A dos años de creada la Ley de Protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el mecanismo no ha actuado y los indicadores revelan un incremento de agresiones y amenazas – físicas, sicológicas, legales y digitales-que ponen en peligro la integridad física, moral y financieras de las periodistas, ya no solo a manos del crimen organizado, sino también por acciones ordenadas y ejecutadas por autoridades locales, estatales o mandos federales contra los trabajadores de la prensa y personas que luchan por la libertad de expresión y el acceso a la información.

En los últimos 20 meses, 11 periodistas fueron asesinados en los estados del centro-sur y noreste del país (dos en Tamaulipas y Oaxaca, uno en Zacatecas, Guerrero, Veracruz, Sinaloa, Coahuila, Puebla y Chihuaha). En 21 de los 32 estados se ha denunciado agresiones físicas, robo o destrucción de equipos, detenciones arbitrarias de periodistas mientras realizan su labor, ante la inactividad de las autoridades responsables de la prevención de la violencia.

Desde 2002 a 2013 se han registrado y documentado 180 casos de violencia contra mujeres periodistas, 60 por ciento de ellos cometidos por servidores públicos, administrativos y policías, incluido el de feminicidio.

La reforma constitucional a la Ley de Telecomunicaciones (2013), que generó expectativas entre muchos sectores de la sociedad, fue completada con una legislación secundaria, aprobada en julio de 2014, que canceló dichas expectativas. El Estado, nuevamente, promovió cambios para consolidar el statu quo, una estrategia de simulación.

La nueva Ley de Telecomunicaciones permite graves violaciones al derecho a la privacidad y a la libertad de expresión, acceso a la información, derecho a la información, libre acceso a Internet, al obligar a los proveedores de servicios de telecomunicaciones a que proporcionen a las autoridades de seguridad y administración de justicia la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil, sin necesidad de orden judicial.

La criminalización mediática contra personas, grupos o movimientos sociales es una herramienta política para generar opinión, justifica acciones de fuerza y se usa para encubrir posturas económicas, políticas, sociales, religiosas, ideológicas y/o culturales. Se usa con pretextos de bien común –la patria, la unidad social, el orden, la seguridad, la decencia- pero es empleada como mecanismo de control social para intimidar, descalificar, neutralizar, inhibir, hostigar cualquier conducta que cuestione las expresiones de poder imperante. La criminalización se construye desde los ámbitos normativo, discursivo, de la judicialización de acciones contrapuestas al statu quo, la militarización y la acción policial. Desde los medios de comunicación se usan para señalar, descalificar e invitar a su persecución, omitiendo cualquier consideración a los derechos inalienables de los ciudadanos.

Muchos informadores y opinadores ejercen desde los medios de comunicación –en especial de los que pertenecen al duopolio- la criminalización y el linchamiento (a veces no solo intelectual) de aquellos que osan reclamar sus derechos, en diatribas donde abundan acusaciones sin prueba alguna, la difamación, la injuria, la incitación al odio y discriminación racial y social y a la discriminación de género.
Con base en estos gravísismos hechos señalamos que:
El Estado mexicano
Viola los derechos de libre expresión y a la información. Señalamos al Estado Mexicano como responsable de violentar el derecho a la libertad de expresión, garantizado por el artículo 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Viola los principios de igualdad ante la ley y no discriminación al momento de legislar en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, favoreciendo al emporio mediático en detrimento de los derechos de la ciudadanía y comunidades a operar sus propios medios de comunicación

Promueve el empoderamiento del monopolio televisivo conformado por Televisa y Tv Azteca a lo largo de las últimas cinco décadas, al grado extremo de que hoy en día este poder fáctico ha comenzado a ejercer funciones que competen al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

No genera un marco jurídico y reglamentario que asegure el derecho a réplica o libertad de expresión en un sentido más pleno y ha evitado la creación de una instancia en donde se defiendan los derechos de las audiencias y hace un uso abusivo en los controles de las frecuencias radioeléctricas, evitando que comunidades y ciudadanía puedan acceder a ellas, obstaculizando la creación y operación de radios comunitarias y creando con ello una mordaza invisible que atenta contra la libre expresión. Incumpliendo con sus deberes de respeto y garantía.

El Estado también ha fallado para proteger y prevenir las agresiones y la violencia contra las y los periodistas, permitiendo la impunidad y al participar directa e indirectamente en la comisión de los crímenes denunciados en esta audiencia.

Además de que no se garantiza el cumplimiento de la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en particular a las que ejercen el periodismo, permite y mantiene la impunidad cuando se ejerció violencia contra ellas a través de amenazas, detenciones arbitrarias, delitos de difamación, calumnia o injuria e intimidación y en los casos de violencia feminicida.

Por todo lo anterior, acusamos:

Al presidente Enrique Peña Nieto y a la Procuraduría General de la República
Por omisión para ejercer facultades legales de atracción de casos de periodistas asesinados, desaparecidos y agredidos.
Al Poder Ejecutivo y a las Cámaras legislativas del H. Congreso de la Unión
Por incumplir la disposición constitucional de regular los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión en beneficio del interés general que limitaran el poder de los actuales poderes fácticos en materia de televisión abierta. Las cámaras legislativas fueron complacientes con dicha propuesta que encubre omisión legal en materia de límites a la concentración de frecuencias, concesionamiento y propiedad cruzada, que deja intocados a los actuales consorcios mediáticos, en detrimento de los derechos fundamentales de libertad de expresión y derecho a la información.
Al Poder Ejecutivo Federal
Por haber enviado una Iniciativa de ley que violenta los Derechos Humanos, como son: la libertad de expresión, acceso a la información, derecho a la información, libre acceso a internet y derecho a la privacidad.
A la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Por abstenerse de decidir sobre la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas.
Al poder legislativo
Por persistir en la criminalización de las y los comunicadores comunitarios, manteniendo vigente el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales para quien haga uso del espectro radioeléctrico sin permiso, permitir su prisión y encarcelamiento.
Al Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Por erigirse erróneamente como Tribunal al decidir que lo dispuesto en la Ley de Radiodifusión y Telecomunicaciones no era de su competencia, y quienes están hoy como Comisionados no presentaron Acción de Inconstitucionalidad en defensa de la privacidad y datos personales de la ciudadanía que sí son de su competencia.

A la Comisión Nacional de Derecho Humanos
Por no pronunciarse al respecto, de las graves violaciones a los Derechos Humanos aprobados en la Ley, por no emitir medidas cautelares adecuadas en tiempo y forma para la protección de los periodistas agredidos y amenazados y por omisión en la investigación de las agresiones perpetradas contra las y los comunicadores.

A la Secretaria de Gobernación
Por usar de forma abusiva el derecho penal para criminalizar y acallar a voces disidentes en las radios comunitarias y en los medios libres.

Al monopolio mediático de las cadenas de televisión Televisa y Televisión Azteca y la Organización Editorial Mexicana y al Grupo Milenio
Por criminalizar la protesta social y cancelar el derecho a la información y la libertad de expresión a través de los siguientes mecanismos: mentir flagrantemente, tergiversar y ocultar información, por no otorgar el derecho de réplica, por generar campañas de linchamiento contra los comunicadores, los movimientos sociales y los sindicatos; por orquestar junto con los gobiernos municipales, estatales y federales una estrategia de legitimación de la represión que implicó violaciones severas a los derechos humanos.

A los sicarios periodísticos de las empresas mediáticas
Por criminalizar a los movimientos sociales y atacar los derechos de los trabajadores.
Estos graves delitos en tanto desvío de poder comunicativo afecta al conjunto de la población, no atañen solamente a periodistas, activistas o académicos ni al ámbito jurídico, sino que ocasionan profundos perjuicios a cada uno de los mexicanos al negarles la libertad de expresión en el sentido amplio de la palabra.

En México, el Estado de Derecho se ha violentado sobre todo a partir del detrimento de las funciones del poder legislativo en materia de comunicación, ya que lejos de promover reglas que estén a favor de la mayoría de los mexicanos, del bien común, del servicio público y de la pluralidad de voces en los medios de comunicación, favorecen los negocios de los monopolios médiaticos, evitando a toda costa que exista pluralidad en los medios, es decir que existan más opciones de información, de acceso a la cultura, pero sobre todo que distintos grupos de la sociedad dirijan sus propios medios y encuentren fuentes de acceso a pluralidad de voces y de promoción de otro tipo de sociedad.

El uso faccioso de la ley y de la creacion de reformas a favor de los monopolios mediáticos y en contra de los medios comunitarios es cómplice además de la impunidad, bloquea el acceso a la justicia, porque tiende un cerco de silencio, mentiras, manipulación y tergiversación de la información para los ciudadanos agraviados. Por otra parte es un obstáculo para las luchas sociales que son silenciadas o estigmatizadas y criminalizadas.

Hoy que vivimos la tragedia de la desaparición de 43 jóvenes normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa lamentamos el papel de los medios de comunicación, particularmentede de Televisa, Milenio y TV Azteca, que han construido a través de sus pantallas campañas para denigrar y criminalizar a los alumnos de las normales rurales. Durante la conferencia de prensa que ofrecieron los padres de los estudiantes de Ayotzinapa después de su encuentro con el Presidente Enrique Peña Nieto, denunciaron también los actos denigratorios por parte de los medios de comunicación y les solicitaron dejar de hacerlo. Y es que los medios de comunicación se han encargado de generar un clima de linchamiento generalizado que permite la represión y agresión de manera impune calificando a los jóvenes normalistas como “vándalos”.

Distinguidos juezas y jueces, consideramos que lo planteado muestra el desvío de poder comunicativo que practica desde hace varias décadas el Estado mexicano. Los derechos comunicativos de las colectividades y de las comunidades, asi como la función de servicio público de los medios han sido relegados para beneficiar a sectores monopólicos y oligopólicos en el campo mediático. El espacio del Tribunal ha permitido tener una idea más panorámica de esta problemática. Esperamos que ustedes se solidaricen con la lucha que se está llevando a cabo en este campo en México. Anhelamos que esta audiencia sirva también de aliento para seguir luchando por acabar con el desvío de poder en sus diferentes formas junto con los compañeros de las diferentes audiencias.