México ha enfrentado un proceso de enorme deterioro en las últimas décadas. Hemos atravesado por un sinnúmero de afrentas a nuestras oportunidades de acercarnos a una vida con dignidad, vivimos en un país comandado por respetuosos de los intereses empresariales y manipuladores de la ley para beneficio de unos cuantos. Las agresiones se constituyen en diversos ámbitos, desde la violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos, hasta el arrase salvaje de los ecosistemas y el consiguiente despojo de los pueblos.
El proceso ha sido largo y violento. Pero ahora llegamos a uno de los puntos más graves de la situación que se ha cocinado por años, nos rodea un clima de violencia que parece haber empezado para no terminar nunca y ha arrebatado demasiadas vidas. La cifra de más de 37 mil muertos en la ‘guerra contra el narcotráfico’, emprendida por el actual gobierno federal, aumenta aceleradamente sin ningún tipo de investigación jurídica real sobre la verdadera situación en que sucedieron los asesinatos. Y el dato es todavía más revelador: de estos 37 mil muertos, 15 mil 273 homicidios ocurrieron apenas en 2010, es decir, la situación se recrudece espantosamente.
Por si fuera poco, 70% de los ríos del país están tan contaminados que sus aguas son veneno puro para quienes viven en sus orillas; en 30 años se ha triplicado el número de acuíferos sobreexplotados por el dispendio industrial y agroindustrial, y por el saqueo urbano de las aguas rurales; el país pierde diversidad biológica y bosques a uno de los ritmos más vertiginosos del mundo (está en cuarto lugar mundial). El Tribunal Latinoamericano del Agua ha juzgado más casos mexicanos de afectaciones hídricas que de cualquier otro país de América Latina. En México sólo se confina 12% del volumen total de los residuos industriales peligrosos, un promedio anual de 450 mil toneladas, siendo desconocido el destino de 8 millones de toneladas de residuos venenosos. En el caso de la basura municipal, diferentes expertos de la unam, reportaban en 2008 que, de los 95 confinamientos de este tipo, sólo 13 cumplían parcialmente con la norma ambiental.
Las tierras de cultivo de alimentos están amenazadas tanto por la expansión invasora de las barriadas urbanas como por la siembra “experimental” de maíces, soya, tomates, algodón, jatrofa y otras especies de transgénicos (por no mencionar opiáceos y marihuana en las sierras). La Ley Agraria emanada de la reforma al artículo 27 terminó siendo un espejo de la “reforma agraria de mercado” del Banco Mundial que implica emprender la certificación agraria y la individualización de la tierra con fines de mercado. La ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, conocida ampliamente como la ley Monsanto, hace legal el uso de transgénicos y beneficia descaradamente a las empresas en temas sobre el campo y los cultivos. La Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas prohíbe el intercambio libre de semillas y a fin de cuentas las privatiza y permite un control monopólico de las empresas sobre ellas. La Ley de Aguas Nacionales separó la tierra de las aguas, y en su reforma abrió la puerta a la privatización de los servicios del agua, la privatización de cuencas y el manejo privado de un bien común. Las concesiones ya no se dan a ejidos y comunidades. La Ley Minera reglamentaria del artículo 27, separó también las tierras del agua, pero también de los recursos del subsuelo. En 2009, ya se sabía de la existencia de unas 80 mil concesiones mineras que amenazan con destruir recursos naturales.
En 2001, los gobiernos federal, estatal y municipal trabajaron juntos en la construcción de una enorme planta incineradora de residuos tóxicos con capital transnacional, cuyos efectos ambientales y de salubridad eran muy elevados; el proyecto pasó de Tlaxcala al Estado de México ante la resistencia de la comunidad. En 2009, se reconocían oficialmente 939 tomas clandestinas en ductos de petróleo o gas detectadas en 19 estados del país. Ordeñas que continuamente ocasionan la muerte de numerosas personas. La desregulación ambiental priva como resultado de una política de libre comercio fríamente adoptada desde hace dos décadas, aunque el problema ya es grave, porque la profundidad de los desarreglos ambientales ha llevado a violar la mayor parte de las normas y leyes, o bien, a permitir que esto ocurra corrompiendo o desmantelando los sistemas de vigilancia toxicológica, epidemiológica y ambiental, o pasando directamente a corromper el sistema jurídico nacional.
En el proceso de negociación del TLCAN en las últimas dos décadas, quedó claro que cada uno de los gobiernos de México dio pasos medidos para generar “ventajas competitivas” a las empresas estadounidenses frente a una creciente competencia del capitalismo chino, en pleno auge maquilador; dejando fuera de los acuerdos reales los temas más importantes para la población como la migración, los estándares ambientales y los derechos laborales. A pesar de que se desarrollaron redes y coaliciones en torno a estos temas en un complejo proceso de acercamiento entre organizaciones sociales, no gubernamentales, especialistas y activistas provenientes de tradiciones culturales muy dispares, que se habían mantenido distantes e incluso desconfiados entre sí. Lograron desarrollar agendas relevantes que, sin embargo, fueron excluidas del Tratado pactado por los gobiernos.
Existen violaciones constantes a la lucha por el respeto al principio fundamental de los pueblos indígenas, a pesar de la apelación por parte de numerosas organizaciones al Convenio 169 de la OIT, firmado por el gobierno Mexicano y recogido en los Acuerdos de San Andrés, y de las observaciones de la propia OIT, en las cuales se afirma el consultar con dichos pueblos las decisiones y las políticas públicas que los afectan. En el 2006 la CIDH fue requerida ante la indefensión de los pueblos indígenas en las políticas agrarias que prevalecen en México desde las reformas constitucionales de 1992, que privilegian a la propiedad privada sobre la propiedad y los usos colectivos de las tierras comunales. En su aplicación, las políticas públicas tienden a forzar la división y la titulación individual de las tierras colectivas y de uso común, condicionando el acceso a los programas gubernamentales a la fragmentación de los ejidos y las comunidades. En 2007 se comprometió a darle seguimiento al problema bajo la premisa ya mencionada del Convenio 169 del la OIT. Además de esto, entre 1994 y 2006, Amnistía Internacional ha documentado sesenta agresiones sexuales contra mujeres indígenas y campesinas por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas, sobre todo en los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca, donde hay una gran efervescencia organizativa, lo que pone en evidencia “el racismo y el sexismo de los grupos de poder y la red de complicidades que posibilita y perpetúa la impunidad en México”, según Aída Hernández, investigadora del CIESAS. La reforma de derechos indígenas de 2001 fue la segunda pieza que desmanteló la posibilidad de un reconocimiento de la autonomía indígena, y echó por la borda los enormes esfuerzos de diversos grupos que tras las negociaciones de los Acuerdos de San Andrés, parecían tener un claro avance.
Las políticas migratorias y de “seguridad” del Estado mexicano han fomentado condiciones de vulnerabilidad y criminalización de los migrantes al intentar ejercer su derecho a migrar con dignidad por territorio mexicano y de los derechos a la asistencia humanitaria, asilo y santuario, pisoteadas por autoridades estatales de todos los niveles en complicidad con sectores de la delincuencia organizada, produciendo más de 10 mil secuestros documentados de migrantes durante el último año, y un patrón recurrente de asesinatos y violaciones. Las condiciones en las que se genera la migración también son un claro detonante en las altas cifras de explotación infantil del país.
Según la ACNUDH, México es uno de los países donde las defensoras de derechos humanos están expuestas a mayores riesgos, en particular las que combaten prácticas relativas a la impunidad, el acceso a la justicia, las garantías laborales y de las comunidades indígenas. A raíz de la matanza en Acteal se creó la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), que ha documentado casos de tortura por parte de elementos policiacos o de las fuerzas armadas en contra de los detenidos, algunos ejemplos son Acteal (1997, 1999, 2002), San Salvador Atenco (2006), la APPO (2006), Eliseo Silvano Jiménez y su hijo Eliseo Silvano Espinosa (2008).
Existe un ataque a diversas radios comunitarias por parte del gobierno en sus diferentes niveles, a las cuales se les ha burocratizado el proceso de reglamentación, en algunas han irrumpido cantidades exageradas de elementos militares con el fin de intimidar a quienes trabajan ahí y han decomisado el equipo de transmisión, además de que existen locutores detenidos bajo acusaciones falsas por ejercer un papel organizativo en sus comunidades .Ejemplos de esto son Radio Ñomndaa y Radio Tierra y Libertad, pero los casos son numerosos.
Los argumentos parecen pequeños en este escrito, pero interminables en la realidad, es por eso que apelamos al Tribunal Permanente de los Pueblos no sólo porque vemos que en México existen numerosas evidencias de violación a los derechos humanos, sino también porque nos encontramos frente a una situación institucional, nacional e internacional de gran discrepancia, que durante años pudo mostrar fuera del país un democrático y justiciero rostro de México, mientras crecía una regresión generalizada de los derechos de la población mexicana. En este escenario, juega un papel decisivo el monopolio de los medios masivos de comunicación, los cuales mantienen una “guerra” contra los intereses de la población en beneficio del poder, contribuyendo a la simulación jurídica que busca difundir, dentro y fuera del país, que México es un país democrático, con vías institucionales abiertas, que firma todo tipo de tratados de derechos humanos que dice cumplir.
Pero hay que considerar los largos caminos que han recorrido las organizaciones sociales, no gubernamentales y comunitarias para hacer cumplir sus derechos y para lograr acceso a la justicia. Se puede decir que, durante los últimos años, han tocado todas las puertas, y no sólo en el ámbito nacional sino también en el internacional. Aunque los resultados de una multitud de gestiones y denuncias ante las instituciones y los organismos internacionales han sido precarios, las trayectorias de quienes recurren a ellas son muy arduas, ya que las emprenden personas, grupos, organizaciones y comunidades que cuentan con pocos recursos (técnicos, legales, especializados y económicos) para formular y hacer llegar sus agravios a las instancias correspondientes en los términos prescritos para que sus casos sean al menos considerados. No obstante, estos caminos se recorren una y otra vez por parte de una multitud de actores colectivos. Ante la experiencia generalizada de que el acceso a la justicia está bloqueado en México, hay una búsqueda intensa, a veces incluso atropellada y dolorosa, de instancias internacionales que puedan amplificar los ecos de las injusticias que prevalecen en México.
La posibilidad de realizar una sesión del tpp en México se inscribe en esta larga búsqueda y abre la posibilidad de que muchos grupos reemprendan los caminos andados en un proceso de confluencias y encuentros, hacia un horizonte de ética y justicia en el que habrán de encontrar interlocutores sensibles.
