La solicitud al TPP de abrir un capítulo en nuestro país tiene como finalidad visibilizar la situación de violencia estructural imperante vivida en México a raíz de la firma de numerosos tratados del libre comercio, e intentar desnudar los mecanismos de simulación y desvío de poder que sistemáticamente ejerce el Estado mexicano para mantener en pie dicha política económica.
Lo que nos convoca es la alarmante situación que se vive en México, de violencia, violación de derechos humanos, muy especialmente de los pueblos indígenas, así como por la muerte de miles de decenas de personas causada por cada vez más diversos y amplios tipos de conflictos y dinámicas de descomposición social, y por la acelerada injusticia y crisis económica, migratoria, ambiental, de salud, política, jurídica y cultural que actualmente padece el país; por la inmensa erosión e incluso el agotamiento de todo tipo de instituciones políticas y jurídicas del Estado mexicano, y en virtud de la estrecha y viciada relación que todo esto mantiene con la creciente actuación de numerosas empresas transnacionales. Aunado a las recientes y numerosas reformas constitucionales, mediante las que se han creado o modificado diversas leyes, las cuales han sido realizadas para garantizar un espacio de impunidad tanto al Estado mexicano como a las empresas transnacionales, en relación con violaciones graves y sistemáticas de los más elementales derechos del pueblo, como son la salud, el medio ambiente, los derechos laborales, la vivienda, la educación, los derechos a la tierra y la soberanía nacional sobre los recursos naturales y las infraestructuras estratégicas, que hacen imposible juzgar y castigar estas violaciones.
Resultado de todo esto un país que, por un lado, incrementa la impunidad, donde se cierran los canales institucionales y jurídicos, al mismo tiempo que se abren caminos por la vía de los hechos de cruentas violaciones a los derechos humanos, corrupción y menosprecio por los dictámenes de organismos internacionales con los que México ha logrado acuerdos. Y por otro lado, como hay una nula respuesta a la criminalización, presenciamos la configuración de la noción de “enemigo interno” para toda disidencia, evidenciando la imposibilidad de una respuesta coherente a la permanente violación de derechos.
La posibilidad de sesionar en México se inscribe en una larga búsqueda de opciones, a la vez que abre espacios para que muchos grupos reemprendan los caminos andados, en un proceso de confluencias y encuentros, hacia un horizonte de ética y justicia.
En enero de 2010, un grupo de organizaciones sociales y particulares convocaron a la realización de un TPP capítulo México con la finalidad de impulsar la organización y la realización de un amplio e incluyente proceso de organización social y civil, nacional e internacional, mediante un amplio trabajo colectivo de investigación, diagnóstico, denuncia y movilización social, así como talleres, seminarios y asambleas populares que posibilitarían la realización de variadas audiencias, preliminares y especializadas, que pondrían ante la vista de todos los ciudadanos del país, así como frente a numerosos jueces de diversas nacionalidades, personalidades jurídicas, éticas e intelectuales ampliamente reconocidas en el mundo, y frente a la opinión pública internacional, el peligroso impasse que ha abierto la ausencia de todo tipo de canales políticos y jurídicos dentro de la vida nacional. De lo que se trata es que el Tribunal ayude a visibilizar con agilidad y amplitud, en el plano internacional, el terror creciente e incontrolado que vienen desplegando el Estado mexicano azuzado y soportado por el Estado estadounidense y por numerosas empresas transnacionales en contra de la sociedad civil, así como la justiciabilidad que ello merece.
El capitulo México se suma así a la tarea de reconstrucción internacional de diversos sujetos colectivos que no sólo son considerados como receptores sino también como gestores de la justicia, base desde la cual se promueve la reconstrucción de nuevos sujetos institucionales encargado de hacer valer la justicia. Tarea que han venido abonando el TPP y los tribunales Rusell desde hace cincuenta años, para coadyuvar en la construcción de una nueva idea del derecho y nuevos instrumentos de justicia para los pueblos. De ahí que lo importante para este tipo de Tribunal no sea sólo la exigencia final de justicia, sino también el proceso de progresivo empoderamiento jurídico de las víctimas como sujetos vulnerados que tienen la capacidad de reconstruir su propio tejido social.
El Capítulo México del TPP ha identificado al conjunto de los tratados de libre comercio firmados por el gobierno de México como la causa fundamental del deterioro estructural de la calidad de la vida económica, social, ambiental, política, cultural e institucional que viene ocurriendo en México de forma cada vez más acelerada desde hace veinte años. Habiendo ya propiciado una destrucción neta de la industria, el comercio, las finanzas y la agricultura nacionales, así como de la soberanía demográfica y ambiental. Lo cual dejado en manos de diversos grupos criminales al 40% del PIB, así como a cada vez más instituciones políticas.
De ahí que el tema central que habrá de organizar y dar nombre a todos los trabajos del Capítulo México del TPP sea el de “Libre Comercio, Guerra Sucia, Impunidad y Derechos de los pueblos”. Tema general que se desglosa en varias temáticas particulares que habrán de atenderse mediante siete audiencias temáticas específicas.
