San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
08 de marzo de 2012
Boletín de prensa
Preaudiencia sobre Feminicidio y Violencia de Género
del Tribunal Permanente de Los Pueblos,
Capítulo – México.
Durante dos días las juezas: Alda Facio, Edda Gaviola, Jules Falquet, Pilar Noriega, Sara Dalila Mux Mux, Mariana Mora, y las asesoras Silvia Marcos, Teresa Pérez y Morna Macleod, escucharon los valientes y dolorosos testimonios en torno a feminicidios y contrainsurgencia, violación al debido proceso, violencia feminicida, sexual y doméstica, y violencia estructural, que se han presentado en esta preaudiencia del TPP.
Los testimonios han evidenciado que la violencia masculina en contra de las mujeres, incluyendo los feminicidios como una de sus expresiones extremas, es un problema estructural, profundizado por las políticas neoliberales, en especial a partir de la firma del TLC en 1994, y por las políticas de ajuste estructural de los años 80 propiciadas por el Fondo Monetario Internacional y el « consenso de Washington ». Esa violencia afecta la vida de las mujeres en todos sus aspectos y, en el caso de las mujeres indígenas y campesinas de Chiapas, se expresa y es parte del contexto de marginación social y pobreza extrema en que viven.
Todos los casos presentados demuestran la persistencia de fuertes estereotipos y estigmatizaciones de género, racistas y clasistas y dejan claro que la violencia contra las mujeres, opera de manera articulada y forma parte del sistema discriminatorio patriarcal, racista y capitalista-neoliberal, por lo que debe visibilizarse la interdependencia, tanto del conjunto de los derechos humanos de las mujeres, como de sus violaciones.
El contexto actual está marcado por una mezcla entre « guerra de baja intensidad » y lucha contra la delincuencia organizada. Nuevas formas de violencia contra las mujeres se despliegan, incluyendo creación de nuevos delitos, violencias policiacas-carcelarias, desplazamiento y migración forzada, en un contexto de grave impunidad.
Respecto de lo analizado en cada eje, las juezas concluyeron:
Sobre feminicidio y contrainsurgencia en Chiapas: Las políticas contrainsurgentes generan violencia militar y paramilitar, como práctica habitual y sistemática. Existe una estrategia deliberada y planificada que usa la violencia contra las mujeres, incluyendo a la violencia sexual y a la tortura sistemática, como un instrumento central para aterrorizar a la población, destruir el tejido social y limitar la movilidad, la vida y el aceso a los elementos materiales, sociales y espirituales necesarios para la vida de las mujeres, individual y colectivamente.
Sobre las violaciones al debido proceso: Se observó que las mujeres chiapanecas viven una situación de inacceso a la justicia, propiciado por el incumplimiento del Estado Mexicano de garantizar seguridad y justicia para las mujeres indígenas y mestizas (que implica la debida averiguación, detención y juicio) ; agravada por la situación de exclusión, pobreza y racismo. La falta de procuración de justicia, la discriminación a las mujeres indígenas, la utilización facciosa de la ley y el encarcelamiento injusto, son lastres que se acarrean de siglos atrás y que se ven incrementados en un contexto de supuesta lucha contra el crimen organizado, donde apremia elevar el número de detenciones y sentencias.
La violencia sexual y doméstica: Ocurre como consecuencia de condiciones estructurales y situaciones específicas derivadas de la desigualdad de género. En la mayoría de los casos vemos que esta violencia es reiterada y alimentada por la impunidad, desde los aparatos de justicia, las costumbres machistas que minimizan las formas de violencia contra las mujeres o las justifican con argumentos que desacreditan la “buena moral y conducta de las mujeres violentadas”.
Sobre la violencia estructural: El TLCAN , las políticas públicas y las consecuentes políticas del Estado, no garantizan a las mujeres una vida digna, al contrario las colocan en condiciones de aguda y creciente pobreza (especialmente a las mujeres indígenas), viviendo con miedo, temor, sin voz, teniendo que trabajar más, sin la posibilidad de desarrollar sus potencialidades y hasta despojándolas a ellas y a sus familiares de sus territorios tradicionales.
En base a los testimonios de los 8 casos presentados y el análisis de la masacre de Acteal como ejemplo de feminicidio múltiple contrainsurgente, las juezas afirman que:
El Estado mexicano, como parte de la comunidad internacional, es omiso en sus obligaciones de garantizar el respeto, goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, en especial de las mujeres de los pueblos originarios
Y recomiendan que:
Los tres niveles de gobierno tomen medidas eficaces, tanto jurídicas como progresivas para garantizar a las mujeres una vida digna.
Las juezas y asesoras representantes, del Tribunal Permanente de Los Pueblos, Capítulo – México, recibieron documentación de todos los casos presentados en esta preaudiencia y serán ellas las encargadas de darles seguimiento en el proceso siguiente que culmina en las audiencias nacionales.