Las políticas económicas, migratorias y de “seguridad” del Estado mexicano y de las naciones centroamericanas han fomentado condiciones de expulsión, vulnerabilidad y criminalización de los migrantes y transmigrantes al intentar ejercer su derecho a migrar con dignidad a lo largo del territorio mexicano y de los derechos a la asistencia humanitaria, asilo y santuario, pisoteadas por autoridades estatales y federales, quienes actúan en complicidad con sectores de la delincuencia organizada e invisibles grupos paramilitares, lo que ha producido más de 10 mil secuestros documentados de migrantes durante el último año y un patrón recurrente de asesinatos y violaciones. Las condiciones en las que se genera la migración también son un claro detonante en las altas cifras de trafico de personas y de la explotación infantil del país. Igualmente, las condiciones para la migración y el retorno de los migrantes indocumentados mexicanos en Estados Unidos se deterioran rápidamente, debido a la promulgación acelerada de leyes que no sólo criminalizan a la población migrante, sino que además la exponen de manera creciente a condiciones laborales de superexplotación y vejación, sin que las autoridades mexicanas realicen un esfuerzo real por defender los derechos de los mexicanos en el extranjero. Dentro del territorio nacional, son cada vez más los campesinos e indígenas que deben realizar procesos migratorios internos para emplearse como jornaleros agrícolas en las plantaciones de la agroindustria de exportación (en Baja California, Sinaloa, Sonora, Morelos, etc.) en condiciones de extrema precariedad, donde predominan los bajos salarios, la incorporación de las mujeres e hijos de los jornaleros a las faenas agrícolas (a menudo sin percibir salarios), la exposición de los trabajadores a sustancias tóxicas y su hacinamiento en alojamientos precarios.