Dictamen preaudiencia “Reunión por la justicia y verdad”
6 y 7 Susuclumil, Tila, Chiapas
Introducción
El 21 de octubre del 2011, fue admitido el Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) y a través de siete ejes o audiencias temáticas, cuyo término será en 2014, denunciará y visibilizará, ante la opinión pública nacional e internacional, las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado mexicano que, hasta la fecha, permanecen impunes.
La Preaudiencia: “Reunión para la justicia y la verdad” Tyempä Cha’an Ysacla’tiel Melelä (Chol),tzoblej ye´un xcholel chápanel sol´ jmelelil (tseltal), Tsomblej yu’un melelil xchi´uk lekil chapanel (tsotsil); fue convocada por alrededor de cincuenta organizaciones populares, así como por La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas” (que agrupa a 72 organismos de DH), la Red de Radios Comunitarias, A.C. /AMARC- México (que agrupa a 35 proyectos radiofónicos asociados), la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada (que agrupa a 42 organizaciones nacionales e internacionales) y 127 personas solidarias, familias, activistas, estudiantes, académicos y artistas.
La Preaudiencia tuvo como sede en la comunidad de Susuclumil municipio de Tila, Chiapas, escenario vivo de las injusticias, muerte y persecución. Ahí nos encontramos jurados, testigos, sobrevivientes y familiares de las comunidades de zona Norte en Chiapas: Jolnixtié Sección I, Miguel Alemán, Usipá, El Limar, Saquil, Susuclumil, Masojá Shucjá, Masojá Grande, Chuctiejá, del municipio de Tila; y comunidades de Chenalhó integrantes de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas), todas víctimas de la estrategia de guerra contrainsurgente y exterminio contempladas en el Plan de Campaña Chiapas 94’ e implementada por el gobierno mexicano a partir del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, que dio como consecuencia decenas de desapariciones forzadas, asesinatos, desplazamientos forzados, violencia sexual y masacres; todos crímenes de lesa humanidad que aún siguen en la impunidad.
En la primera parte se vertieron testimonios sobre las Ejecuciones extrajudiciales cometidos durante la segunda mitad de los años noventa en la zona baja de Tila; así también el testimonio sobre las Desapariciones Forzadas de Minerva Guadalupe Pérez Torres y Cándido Vazquez Sanchez; el Desplazamiento Forzado de las comunidades de Chuctiejá, Miguel Alemán, Jolnixtié I Sección, Masojá Shuchá, El Limar, Masojá Grande; como una muestra del horror acontecido en contra de la población simpatizante al EZLN. Estos hechos fueron cometidos directamente por la organización paramilitar Desarrollo Paz y Justicia con la colaboración de la policía municipal y estatal del estado de Chiapas y el Ejército mexicano.
En la segunda parte se presentó, mediante testimonios directos, los hechos previos a la Masacre de Acteal, relacionados con la violencia generalizada que se vivía en la zona de los Altos de Chiapas y su consecuencia en asesinatos y desplazamientos forzados. Posteriormente testificaron sobre el suceso de la masacre cometida el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, mientras 45 personas en su mayoría mujeres, niños y niñas fueron terroríficamente aniquiladas, hechos cometidos directamente por paramilitares del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en colaboración con la policía municipal y estatal de Chiapas. Acto seguido se testificó el desarrollo de la búsqueda de la justicia por las comunidades de Chenalhó, asimismo se señaló la persistente impunidad dada como respuesta de los gobiernos de México en todas sus estructuras de impartición y administración de justicia, tanto en el gobierno de Juan José Sabines Guerrero como en el gobierno de Felipe Calderón, manifestada con la liberación de 51 paramilitares, premiados con tierras, proyectos sociales, resarcimiento de “daños” y la continua acción de guerra integral de desgaste con el objetivo de debilitar y acabar con el proceso de Las Abejas y de otros pueblos que luchan y resisten.
La tercera parte consistió en el testimonio sobre la Masacre de Viejo Velasco, cometida el 13 de noviembre de 2006, a través del operativo por parte de la policía estatal de Chiapas, con la colaboración de la organización de corte-paramilitar: Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) y habitantes de la comunidad Nueva Palestina, con la finalidad de desplazar forzadamente y exterminar a los pobladores de Viejo Velasco. Lugar de alta biodiversidad y de explotación de turismo cultural dado que se encuentra entre las zonas arqueológicas de Palenque y Yaxchilán, por lo tanto de intereses de inversión. De los hechos la situación continúa en la impunidad y con acciones de criminalización hacia las familias desplazadas.
Ante el escenario actual a la llegada al poder del PRI:
Los hechos sucedidos en la toma de poder en el gobierno federal por el PRI, ha marcado ya su vocación de violencia y represión, por lo que rechazamos rotundamente los métodos de represión históricamente instalados. Ante esto, convocamos a seguir organizados por el respeto a la dignidad de las luchas de los pueblos y comunidades que hemos sido reprimidos, desplazados, asesinados, desaparecidos, torturados, encarcelados, amenazados y perseguidos.
Los jueces nacionales que participaron en la Preaudiencia fueron: Maria Estela Barco Directora de DESMI Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indigenas A.C., Guillermo Villaseñor miembro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Fray Tomás Gonzalez Castillo, Comité de Derechos Humanos del Usumacinta y director del Hogar-Refugio para Personas Migrantes La 72, Alejandro Martínez de la organización El Tribuno Popular, Edith Victorino, Eréndira Sandoval y Gloria A. Fernández Maestrantes en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos UACM.
Medios de comunicación alternativos que estuvieron presentes en el evento: Komanilel y La Jornada.
DICTAMEN
Hemos escuchado el dolor, el miedo, la injusticia del despojo vivido y sufrido por las victimas sobrevivientes de ejecuciones extrajudiciales, tortura, desaparición forzada, desplazamiento forzado, violaciones sexuales, despojo de los bienes y territorio a consecuencia de las acciones ejercidas por el gobierno mexicano.
El Estado mexicano es culpable en los tres niveles de gobierno, desde los cuerpos de seguridad pública estatales, municipales y el ejército mexicano, quienes dieron cobertura, seguridad, apoyo económico a las fuerzas paramilitares, es decir al grupo denominado “Desarrollo, Paz y Justicia”.
El Estado mexicano no ha cumplido su responsabilidad nacional e internacional de garantizar el acceso a la justicia, como son las medidas de reparación integral del daño y garantías de no repetición. En el mismo sentido, de acuerdo a los testimonios presentados, existen elementos para responsabilizar al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por colaborar con las estructuras de procuración de justicia para ocultar las violaciones de derechos humanos; asimismo a los organismos estatales y nacionales de derechos humanos de su omisión de investigar los hechos denunciados.
El Estado ha sido responsable de provocar enfrentamientos intercomunitarios para romper el tejido social, contener y controlar a la organización de resistencia.
Conscientes de que todo incumplimiento a las disposiciones del derecho internacional de protección a los derechos humanos y de los pueblos, constituyen una transgresión a las obligaciones para con toda la comunidad internacional y teniendo como referente la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos o Carta de Argel de 1976, los archivos de proceso de Nuremberg, los acuerdos sobre Derechos Humanos de la ONU y la Carta de Derechos y deberes económicos de los Estados, se puede acreditar la responsabilidad del Estado mexicano por la violación de los siguientes derechos:
· Derecho a la Vida
· Derecho a la integridad personal
· Derecho a la salud
· Derecho a la verdad
· Derecho a la justicia
· Derecho a la libertad de tránsito
· Derechos de los niños y niñas
· Derecho de las mujeres a la tenencia de la Tierra
· Derecho al debido proceso
· A no ser torturado
· A la reunión y a la asociación
· A la libertad de creencia
· A la libertad de expresión y pensamiento
· El derecho de los pueblos a preservar su identidad y cultura
· El derecho de los pueblos a la tierra y al territorio
· El derecho de los pueblos a su autodeterminación.
Así mismo reconocemos a estas violaciones como una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad en tanto que todos los pueblos están unidos por estrechos lazos y sus culturas configuran un patrimonio común.
De las pruebas y elementos que acreditan las anteriores violaciones a derechos humanos, se desprende la configuración de crímenes de lesa humanidad como lo es la política genocida perpetrada contra los pueblos originarios choles, tzotziles y tzeltales, acciones que continúan hasta el día de la celebración de la preaudiencia.
No es a las instituciones del Estado mexicano al que estamos apostando para lograr justicia, sino a espacios alternativos para construir y exigir nuestra propia justicia, además de ayudar a la convergencia y unión de los pueblos originarios.
Por último, los jurados de este tribunal dieron su palabra reconociendo a los pueblos por su persistencia en la lucha por la justicia, el no olvido y las acciones de no repetición a partir de la memoria; así también reconocieron la gran aportación en su caminar, por la fortaleza de construcción en generar alternativas de vida.
ATENTAMENTE
Jueces nacionales: María Estela Barco, Guillermo Villaseñor, Fray Tomás Gonzalez Castillo, Alejandro Martínez, Edith Victorino, Eréndira Sandoval y Gloria A. Fernández.
