Desde que entró en vigor el TLCAN, la desregulación ambiental ha sido una norma de actuación del gobierno mexicano. El hecho de que México sea el país del mundo que más tratados de libre comercio ha firmado, al mismo tiempo en que fracasa rotundamente su apuesta neoliberal por reconfigurar la industria nacional en una industria estrictamente maquiladora, aumentó mucho más el absurdo peso original que ya tenía la desregulación ambiental como atractivo para la inversión extranjera.

Como resultado de ello, más del 70% de los ríos del país están severamente contaminados, al punto de ser ya venenosos para numerosas comunidades en varios estados del país. En 30 años se ha triplicado el número de acuíferos sobreexplotados por el dispendio industrial y agroindustrial, así como por el saqueo urbano y minero de las aguas rurales, al tiempo que México es ya el principal consumidor de agua embotellada por empresas trasnacionales en el mundo.

Desde 2009 se sabe de la existencia de 26 mil concesiones mineras que abarcan casi el 30% del territorio total del país. Proyectos extractivos que amenazan la economía, el agua, la agricultura y la salud de los pueblos vecinos a los yacimientos (por el almacenamiento de lodos tóxicos en las presas de jales), pues la nueva Ley Minera les ha otorgado derecho preferente sobre las tierras y aguas de las comunidades, a las que dividen cuidadosamente con ingeniería de conflicto diseñada por las grandes empresas transnacionales de antemano.

En la región terrestre y marina del golfo de México, las nuevas explotaciones petroleras así como el descuido estructural y doloso de las infraestructuras ya existentes (en vistas a justificar la privatización y desnacionalización de pozos de extracción, redes de ductos, plantas de refinación, petroquímica, etc.), desde hace varios ha generado una serie descomunal de explosiones y derrames petroleros en diversas regiones de México que ya han costado la vida de decenas de trabajadores y vecinos, así como la salud de cientos de miles de mexicanos.

La especulación inmobiliaria, la construcción irregular de unidades habitacionales innecesarias y de calidad fraudulenta, así como de carreteras, supervías, aeropuertos y libramientos, el emplazamiento de gigantescos malls, basureros, plantas de tratamiento de aguas, hoteles, casinos, la construcción de todo tipo de megaproyectos (represas, megagranjas, plantaciones, parques eólicos, etc.), o bien la privatización de los servicios urbanos e infraestructuras estratégicas, son actividades que avanzan en un contexto de corrupción y complicidad gubernamental con las empresas privadas. Una cascada de autorizaciones irregulares de Estudios de Impacto Ambiental que no contemplan siquiera la consulta y el consentimiento informado de las comunidades locales o barrios han disparado dinámicas de urbanización salvaje sin precedentes.

De ahí que no sólo la pérdida de bosques nacionales y de biodiversidad en México sean de las más altas del mundo, sino que adicionalmente la salud de los mexicanos también ya ha alcanzado una alarmante situación degenerativa. Pues aunque el manejo de la información oficial sobre la crisis nacional del agua, el medio ambiente y la salud se han vuelto criminalmente confidenciales, la intensidad del colapso se vuelve cada vez más inocultable. La combinación de los factores destructivos y tóxicos precedentes ha propiciado niveles de contaminación tan altos que en diversas regiones ya se observa enfermedades degenerativas y raras masivas, que no son debidamente investigadas, ni mucho menos frenadas ni atendidas por las autoridades ambientales y de salud.

ORGANIZACIONES PROMOTORAS

Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (que aglutina entre 100 y 130 luchas ambientales comunitarias de 16 estados del país), Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. La Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental (LAVIDA) (Veracruz), la Asamblea Regional de Afectados Ambientales (Jalisco), el Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo Local (Tlaxcala); el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Región Malinche (Puebla-Tlaxcala), la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (Michoacán), el Movimiento de Liberación Nacional, El Pregón (Morelos y DF), la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (DF/Estado de México), la Agrupación de Productores Ecológicos Tatexco, AC (Veracruz), Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios (Oaxaca), la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC), el Colectivo Radar, la Coalición Internacional por el Hábitat, el Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier (San Luis Potosí), Coordinadora de Pueblos del Valle de Ocotlán (Oaxaca), Pueblos Unidos contra Granjas Carroll (Puebla-Veracruz), Maderas del Pueblo (Chiapas), Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) (Guerrero)- Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, Sección XVIII SNTE-CNTE Michoacán, Frente Popular Francisco Villa, Organización Nacional del Poder Popular-PRP (Sociedad Cooperativa Emancipación del Pueblo, CUT-Coyoacán, A.C., Forjadores del mañana, A.C., UCISV-El Ejido, A.C., Movimiento de Pobladores, A.C., UCISV-1o. de mayo, A.C., UPTYL 10 De abril, MOPOPROVI 1O de junio, Colectivo Cultura y Democracia, Centro Cultural Comunitario Carlos Marx, Col. Pro-Revolución, Ecatepec, Comunidad Ecológica El Jobo, Catemaco, Ver., Agricultura Urbana Cinturón Verde El Molino), Organización Campesina Emiliano Zapata (Chiapas), Organización Proletaria Emiliano Zapata (Chiapas), Consejo Coordinador Obrero Popular (Durango), MLN (Guerrero), Nación Tenek (San Luís Potosí), Nación Xi-Iuy (San Luís Potosí), Frente Social por la Soberanía Popular (Zacatecas), Sección XXXIV SNTE-CNTE (Zacatecas), Frente Ciudadano y social (Guanajuato), MLN (Jalisco), Comité de Defensa de Colonos (Estado de México), Unión de Vecinos AC (Estado de México),  MLN (Michoacán), ATEM (Michoacán), El Pregón-MLN, MLN (Nayarit), FNADEZ (San Luís Potosí), Organización Política del Pueblo y los Trabajadores